Preocupa la posibilidad de un negociado con la salud pública

Hace un par de meses entró a la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, enviado por el Poder Ejecutivo como parte del Plan de Cobertura Universal en Salud anunciado por el presidente Mauricio Macri. Un grupo de senadores de la Comisión de Salud del Frente para la Victoria lo analizó críticamente y presentó un muy buen proyecto alternativo que, en principio, contó con el aval de la mayoría de la Comisión. Posteriormente, y luego de una intervención del senador Miguel Ángel Pichetto a favor del proyecto oficialista, algunos senadores de la Comisión cambiaron su posición, con lo que quedó este con despacho de mayoría y el otro de minoría.

La semana pasada, el proyecto fue llevado al recinto para su tratamiento, pero los representantes de varias provincias se manifestaron en favor del despacho de minoría, por lo cual el tema fue retirado de la orden del día para volver a analizarse en la comisión correspondiente.

Ya hemos advertido en una nota anterior en este mismo medio sobre las consecuencias negativas que tendría para la salud de los argentinos la creación de esta agencia en la forma que pretende hacerlo el Poder Ejecutivo en términos de mayor inequidad en el acceso, aumento del gasto de bolsillo de los ciudadanos para financiar prestaciones que hoy no paga, tanto de quienes se atienden en el sector público como para quienes cuentan con cobertura de obras sociales y de medicina prepaga.

El proyecto de ley del Ejecutivo posee falencias fundamentales, entre las que podemos mencionar:

-No contiene un objeto claro y transparente sobre el papel del Estado como regulador-fiscalizador ni sobre la salud entendida como un bien social de acceso universal en condiciones de equidad. Por lo tanto, deja a la salud sujeta a las reglas del mercado, que conlleva a una mayor privatización, con debilitamiento de la capacidad prestacional y del papel de prevención y promoción del Estado y establece una mayor segmentación de la sociedad según su capacidad de pago.

-Crea una canasta básica de prestaciones para los sectores humildes, y mayores restricciones para las prestaciones cubiertas por el Programa Médico Obligatorio que deben garantizar las obras sociales y las prepagas. Todas estas limitaciones que hoy no existen determinarán que los ciudadanos deban gastar de su bolsillo que lo hoy no gastan.

-Propone una evaluación costo-efectividad para ser aplicada sólo con carácter restrictivo a nivel de la cobertura o no por parte del Estado, de la seguridad social o del sistema prepago. Al permitir el registro de los productos pero quitarlos de la cobertura gratuita para el paciente, los medicamentos, los procedimientos o los equipamientos seguirán siendo prescritos por los profesionales y se pagará por ellos o se reclamará vía judicial para tener acceso.

-Define pobremente qué son las tecnologías sanitarias y no define cómo se las evaluaría, con lo que deja al libre albedrío de personas nombradas por decreto, sin concurso ni para evaluación imparcial de sus capacidades. Los cinco miembros del Directorio son nombrados por el Presidente, lo que da paso a cierta discrecionalidad y favoritismo. Solamente a través de un concurso público de oposición y antecedentes se puede garantizar idoneidad para esos cargos. Crea la Agencia como organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación, cuando este realiza compras de distintos insumos, medicamentos, aparatología, etcétera, lo que plantea una situación de conflicto de intereses.

-Permite que su patrimonio esté constituido por bienes que se le transfieran o por los que adquiera en el futuro por cualquier título, así que deja la puerta abierta y permite que ese “cualquier título” provenga de aportes de partes interesadas como la industria de medicamentos.

Una agencia de evaluación sería útil si funcionara como en Gran Bretaña u Dinamarca, países en los que se utiliza un criterio de racionalidad y equidad por el cual si alguna tecnología se aprueba, es para todos y si no, no se registra en el país. Esperemos que, por el bien de la salud en nuestro país, los legisladores aprueben el despacho de minoría.

Fuente: infobae.com